Más del 60% de españoles no quiere pagar más impuestos para proteger el medio ambiente ni asumiría recortes en su nivel de vida por ese motivo
Hoy se ha presentado la edición número 29 del Informe España, en el que se arrojan datos muy significativos en asuntos como la formación para el empleo, la energía, la economía o la igualdad de género. Según el informe, elaborado por profesores e investigadores de Comillas y de varias universidades españolas, la mayoría de los entrevistados (54%) está en contra de pagar precios más elevados para proteger el medio ambiente; el 62% se manifiesta en contra de pagar más impuestos por esta causa y el 64% no acepta recortes en su nivel de vida para frenar el cambio climático. Sin embargo, a la hora de hacer la compra, los criterios que se tienen más en cuenta son que sean productos de elaboración local (58%) y las cuestiones medioambientales, ya que un 49% declara tener en cuenta este factor. En cambio, las cuestiones éticas, como los salarios, la no explotación y la igualdad, no son tenidas en cuenta en la mayoría de los casos (59%).
Agustín Blanco, director de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro, desde la que se elabora este estudio anual, asegura que “el informe realiza un análisis de los elementos de riesgo e incertidumbre transversales a la realidad que vivimos y destaca cómo el fortalecimiento de la democracia a través de la resignificacion de valores de libertad, igualdad, justicia es fundamental para este mundo lleno de incertidumbres, después de la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania”. Además, destaca varios asuntos que se abordan en el informe, como la descarbonización, que “adquiere mayor necesidad en un contexto de crisis energética provocada por la invasión rusa”; la reformulación del sistema productivo “que necesariamente debemos acometer, y que exige el fortalecimiento en la formación de empleados”, y las brechas de género que el informe analiza desde la visión del impacto de la pandemia: “sin políticas que faciliten mayor conciliación e igualdad se condiciona la estructura productiva y el empleo que responda a los retos que vienen”.
Es la economía una de las mayores preocupaciones de los españoles y españolas. En este sentido, la deuda de las administraciones públicas ha pasado del 95,5% del PIB en 2019 al 118,9% en 2021, mientras que la de las empresas no financieras ha escalado del 71,7% al 79,1%, y la de las familias del 56,9% al 58,4%. El incremento de la deuda de las empresas a partir de la pandemia ha sido íntegramente afianzado por el Estado. Respecto a la deuda pública, cerramos 2021 con una cifra récord en términos nominales: 1,43 billones de euros, un 20,5% más que la que existía a final de 2019. Incrementos similares se han producido en Grecia (28,3%), Italia (25,3%), Francia (19,8%) o Bélgica (17,3%). Si España hubiese recaudado por impuestos entre 2001 y 2020 el 40,5% del PIB como la media de la Eurozona, se habrían obtenido 1,23 billones de euros adicionales, un 18% más.
En palabras de Pedro José Gómez Serrano, profesor de Economía de la Universidad Complutense y autor de uno de los capítulos, “a los ciudadanos nos preocupa la sostenibilidad de la deuda pública por si puede repercutir en recortes del gasto público y por si estamos dejando a nuevas generaciones una hipoteca que comprometa su bienestar y el crecimiento económico”. Pero el profesor deja una rendija a la esperanza porque “a pesar de que el discurso dominante tiende a ser catastrofista en el sentido de que el aumento de la deuda pública puede hipotecar el crecimiento, no hay que serlo: si en la UE se practican políticas fiscales y monetarias flexibles había margen para que el aumento de deuda no conllevara efectos negativos sobre la economía y la sociedad españolas”.
Relacionada con la economía está la energía, a la que se dedica un capítulo entero de análisis. Los autores destacan que el sistema energético español ha mejorado en los últimos años prácticamente todos los indicadores de sostenibilidad asociados al consumo y las emisiones, gracias a un descenso muy significativo en el uso de carbón para la producción de electricidad. Además, la participación de las energías renovables (incluidos los residuos no renovables) en el mix eléctrico creció del 24 % en 2009 al 38% en 2019. Si se cumple el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el impacto macroeconómico de la descarbonización podría concretarse en un aumento del PIB de entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año (un 1,8% del PIB en 2030), con una creación de empleo muy significativa, de entre 253.000 y 348.000 empleos por año.
Para Pedro Linares, profesor e investigador de Comillas ICAI y autor del capítulo dedicado a la energía, “materializar estos beneficios requerirá resolver múltiples retos técnicos, económicos y legales; y fundamentalmente, movilizar una elevada inversión y activar a la demanda para hacerla más eficiente. Será imprescindible desplegar un conjunto amplio y profundo de políticas que ayuden a cambiar tecnologías y comportamientos, a la velocidad requerida, para que podamos superar los retos y aprovechar las oportunidades que presenta una transición energética absolutamente necesaria”.
Otro de los asuntos que aborda el Informe España 2020 es el de la inmigración. El 70% de los españoles se muestra de acuerdo con que ésta enriquece las culturas locales, aunque continúan existiendo episodios de discriminación: según se asegura en el informe, alrededor del 14% de la población ha sufrido alguna discriminación, siendo la discriminación por género (5,7%) y por origen étnico (4,1%) las más habituales. Según se refleja en el informe, la percepción subjetiva de seguridad es alta, cerca de uno de cada diez ciudadanos se sienten muy seguros y el 65,5% no sienten peligro si caminan solos por su zona o barrio de noche.
En su edición de 2022 el Informe España también analiza el mercado laboral desde el punto de vista de la formación. Según reflejan las investigadoras Begoña Cueto y Paz Menéndez, de la Universidad de Oviedo, un 23% de los trabajadores españoles participa en programas de formación, lejos de la media comunitaria del 34% y muy lejos de algunos países que superan el 50%, como Finlandia, Reino Unido, Eslovaquia, Dinamarca, Estonia o Irlanda. Esto redunda en que más de un 40% de la población no tenga competencias digitales básicas, ligeramente por encima de la media comunitaria, un dato que solo se ha incrementado tres puntos entre 2015 y 2019.
El informe revela que la proporción de empresas que no detectan necesidades formativas es menor conforme aumenta su tamaño: un 80% en el caso de las que tienen entre cinco y nueve trabajadores; un 23% entre las que tienen entre 250 y 499, y entre las de 500 o más, un 14% se encuentra en esta situación. Además, las autoras del capítulo dedicado a la formación para el empleo aseguran que los contratos en formación no parecen ser utilizados con su fin formativo, sino como una forma de reducir los costes laborales en la contratación.
